Por Luz Citlali Mtz
La diputada de Movimiento Ciudadano Paola Linares propuso reforzar en Nuevo León la protección económica de las personas adultas mayores mediante su incorporación a un esquema estatal de obligaciones alimentarias que permita identificar a quienes incumplan con pensiones o apoyos determinados por la autoridad.
La iniciativa plantea reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para concentrar información sobre deudores y acreedores alimentarios.
El registro sería actualizado mensualmente con datos proporcionados por el Poder Judicial y permitiría expedir certificados que acrediten no encontrarse inscrito como deudor moroso.
La propuesta prevé que ese certificado pueda ser requerido para trámites como licencias de conducir, candidaturas a cargos de elección popular, aspiraciones a puestos judiciales y determinados actos notariales. También contempla que el Registro Civil informe, antes de un matrimonio, si alguno de los contrayentes mantiene obligaciones alimentarias incumplidas.
Linares sostiene que la pensión alimentaria no es un derecho exclusivo de menores de edad: las personas mayores también pueden convertirse en acreedoras cuando requieren apoyo para garantizar alimentación, vivienda, salud y una vida digna. La legislación estatal vigente establece precisamente que la familia tiene la obligación de proporcionar alimentos a las personas adultas mayores.
De aprobarse, el DIF Nuevo León tendría hasta 180 días hábiles para implementar las disposiciones del registro. La reforma busca convertir el incumplimiento alimentario hacia los adultos mayores en una responsabilidad con consecuencias administrativas y jurídicas, y no en un problema que permanezca únicamente dentro del ámbito familiar.