Por Salome Martinz
En Nuevo León, donde los edificios crecen con la misma velocidad que los parques industriales y el discurso del progreso suele medirse en inversión extranjera y manufactura, existe otra ciudad que pocas veces aparece en las estadísticas oficiales: la de cientos de miles de personas de los ṕueblos originarios que viven, trabajan, construyen y sostienen buena parte de la economía cotidiana, pero cuya existencia continúa siendo casi invisible para las políticas públicas.
Liberio Porfirio Hernández quiere cambiar esa historia.
Acaba de regresar de Veracruz con un nombramiento que, más allá del simbolismo, pretende convertirse en una herramienta política. Fue designado gobernador indígenista de Nuevo León por una organización nacional de autoridades tradicionales integrada por representantes de las 32 entidades del país. No se trata de un cargo dentro de la estructura gubernamental, sino de una representación nacida desde el derecho de libre determinación del colectivo ancestral reconocido por la Constitución mexicana.
“Lo que no existe en Nuevo León es un territorio para gentes con raices ancestrales; lo que sí existe es una población con diversidad originaria enorme”, repite con la serenidad de quien lleva más de cuatro décadas viviendo en el estado y conoce de memoria una discusión que, asegura, sigue atrapada en conceptos del siglo pasado.
La paradoja que describe resulta visible. Mientras el estado presume ser uno de los motores económicos de México, mantiene prácticamente ausente del debate público a una población que ronda las 800 mil personas con credencial de elector. Es una cifra que equivale, dice Liberio, a dos municipios completos del área metropolitana de Monterrey y supera ampliamente la población de varias localidades rurales de la entidad.
Sin embargo, esa presencia demográfica apenas encuentra reflejo en las instituciones.
No existen presupuestos específicos. Tampoco dependencias con capacidad real para atender a las comunidades de raices originarias urbanas.
Cuando algún integrante de los guardianes de la tradición enfrenta problemas en un hospital, necesita traducción en su idioma o dialecto en un juicio o requiere acompañamiento ante una dependencia pública, son organizaciones civiles y liderazgos comunitarios quienes terminan ocupando el lugar que el Estado ha dejado vacío.
Hernández conoce bien esa realidad. Además de su reciente nombramiento, preside el Consejo Indígena de Nuevo León y ocupa una regiduría en el municipio de García. Desde esos espacios ha observado cómo la atención institucional depende con demasiada frecuencia de la voluntad política de cada administración.
Por eso su primera propuesta no consiste en solicitar apoyos extraordinarios.
Habla, más bien, de presupuesto.
Plantea que el Congreso de Nuevo León obligue a los municipios a destinar recursos etiquetados para atender a la población ancestral de acuerdo con el porcentaje que representa dentro de cada localidad. La intención es romper con un modelo donde los programas para estas comunidades aparecen y desaparecen al ritmo de los cambios de gobierno.
“No queremos que ayudar a los compañeros huastecos sea una decisión discrecional. Queremos que sea una obligación del Estado”, resume.
La propuesta va más allá del asistencialismo. Hernández imagina proyectos productivos diseñados por las propias comunidades, mecanismos de organización local y una red de Casas para los habitantes originarios en cada municipio para ofrecer asesoría, representación y acompañamiento.
Su diagnóstico también alcanza un terreno menos visible: el de los prejuicios.
A su juicio, Nuevo León sigue confundiendo la ausencia de pueblos ancestrales con la inexistencia de población indígena. Esa idea, sostiene, ha convertido en “migrantes permanentes” a familias que llevan décadas viviendo en el estado, cuyos hijos nacieron en Monterrey, García, Escobedo o Pesquería y cuya identidad continúa siendo observada como algo ajeno.
“No somos visitantes temporales. Somos parte de Nuevo León”, insiste.
Su reflexión apunta hacia una contradicción histórica. El mismo estado que se construyó con sucesivas olas migratorias continúa teniendo dificultades para reconocer plenamente la diversidad cultural que lo conforma.
Buena parte de la mano de obra que levantó edificios públicos, desarrolló la industria y alimentó el crecimiento urbano llegó desde la huasteca tamaulipeca. potosina, hidalguense, poblana, veracruzana entre otros estados, Hoy, sus descendientes y herederos de las cultutras originales forman una comunidad profundamente arraigada que, paradójicamente, sigue siendo tratada como si estuviera de paso.
El nuevo gobernador indígenista evita hablar de privilegios.
Prefiere hacerlo de derechos.
Cita el artículo 2 de la Constitución, que reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas, y recuerda que la reciente reforma constitucional los reconoce como sujetos de derecho público. El problema, afirma, ya no consiste en modificar las leyes, sino en lograr que esas garantías lleguen a las oficinas municipales, a los presupuestos públicos y a las decisiones cotidianas del Gobierno.
Ese será, asegura, el eje de su gestión hasta 2031.
No pretende construir una representación simbólica, sino abrir una interlocución permanente con los poderes públicos para que la diversidad pluricultural deje de ser un discurso ceremonial y se convierta en una política de Estado.
