Por Dulce Xochitl M
En una emergencia, unos minutos pueden separar la seguridad del peligro. Para una persona con discapacidad, una alarma que no puede escuchar, una ruta inaccesible o un protocolo que no contempla sus necesidades puede convertirse en una barrera adicional. Una iniciativa presentada en el Congreso de Nuevo León busca cambiar esa realidad.
La diputada Lupita Rodríguez Martínez propuso reformar la Ley de Protección Civil estatal para incorporar expresamente a las personas con capacidades especiales en los simulacros ante emergencias y desastres. La propuesta contempla sistemas accesibles de alerta y comunicación, así como procedimientos de orientación, evacuación, resguardo y asistencia adaptados a las necesidades de cada persona. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su análisis.
La moción coincide con principios que México ya contempla en materia de protección civil. La NOM-008-SEGOB-2015 establece acciones de prevención y seguridad para personas con discapacidad, mientras que autoridades federales recomiendan realizar simulacros inclusivos y disponer de alertas visuales y auditivas, rutas accesibles y apoyos adecuados.
El planteamiento lleva al terreno cotidiano un principio sencillo: la protección civil debe proteger a todos. Más que ayudar a una población desde fuera, se trata de permitir que las propias personas con discapacidad participen en la preparación para una emergencia con autonomía, seguridad y dignidad. En una sociedad preparada para el desastre, el bien común comienza cuando nadie queda fuera del plan de evacuación.
